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Sergio Flecha [Datos del editor

La PMcM valora positivamente el nuevo Real Decreto pero califica de injusto el artículo 8 sobre el pago de facturas pendientes de las AA.LL. a sus proveedores

? ?Valoramos muy positivamente que el Gobierno cumpla el compromiso que ten?a con la PMcM de saldar la deuda hist?rica con proveedores, que haya creado con tanta rapidez un mecanismo para aflorar las facturas pendientes de los ayuntamientos, buscando la total transparencia, que se genere un registro deudas, que se sancione a quienes no informen correctamente y en tiempo, y que los proveedores puedan exigir el reconocimiento expl?cito de sus derechos con la Administración?

Madrid, 28 de febrero de 2012.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales, aunque ha valorado muy positivamente la celeridad y el compromiso del Gobierno para saldar la deuda histórica de las Administraciones Locales a proveedores y que por fin ?sta vaya a ser cuantificada, ha calificado de “injusto el artí­culo 8 sobre mecanismos de financiación (del Real Decreto-ley 4/2012, aprobado este sábado 24 de febrero), por el que se priorizará el pago de las deudas de las Administraciones Locales a los proveedores que más descuento ofrezcan sobre el importe del principal de la obligación pendiente de pago”.

En este sentido, Antoni Ca?ete, portavoz de la PMcM, ha señalado que es “preocupante que el criterio de pago incite a una especie de subasta de descuentos por parte de los proveedores sobre el importe de las facturas que les adeudan las AA.LL. para intentar cobrar antes. Esto puede provocar, por ejemplo, que algunas empresas, a la desesperada, acepten una baja temeraria del importe por su imperiosa necesidad de cobrar”.

La PMcM tambión ha explicado que la puesta en marcha de esta medida “creará una dinámica perversa que afectará de diferente manera a los proveedores según su sector de actividad, ya que no es lo mismo la estructura de costes de una empresa de servicios que de una empresa industrial, por lo que, empresas y sectores que tengan mayores márgenes serán las que tengan más privilegios para cobrar sus facturas pendientes”. Asimismo, “tememos que este mecanismo se pueda usar posteriormente como moneda de cambio para que los pagos derivados de la contratación pública se utilicen tambión de forma perversa con las subcontratas”, asegura. 

Por su parte, Rafael Barón, presidente de la PMcM, alerta sobre “la posible inseguridad jurí­dica que se crearí­a si despu?s de los pasos de licitación, adjudicación, ejecución y control de la obra, material o servicio suministrado a una corporación local, se produjera la “subasta” de descuentos para acelerar el cobro”. En su opinión, se trata de “un mecanismo que elimina la garantí­a que pudiera haber en la contratación con organismo locales.”

Ante la falta de información en el Real Decreto sobre el procedimiento de pago, la PMcM ha enviado un escrito al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, para que aclare si realmente las AA.LL. van a hacer frente a los intereses de demora por el pago de esas facturas, tal y como se recoge en la Ley 15/2010 y en la Directiva Europea. Por lo que se interpreta en el BOE, Barón explica que “parece que los proveedores tendrán que pagar los intereses de financiación, lo que supone una quita o reducción del importe total que tendrí­an que cobrar los proveedores”. Desde la PMcM “no debemos permitir que las empresas a las que las AA.LL. les adeudan, sobre todo pymes y autónomos, terminen cobrando un importe inferior a los costes del servicio o producto y asumiendo intereses de gestión u otros”, añade.

No obstante, Barón ha recordado que se valora muy positivamente que “el Gobierno haya cumplido el compromiso que tení­a con la PMcM de saldar la deuda histórica con proveedores y tambión que haya creado con tanta rapidez un mecanismo, a través de este Real Decreto, para hacer aflorar las facturas pendientes de los ayuntamientos buscando una total transparencia, que se genere un registro de las mismas, que se sancione a quienes no informen correctamente y en tiempos, y que los proveedores puedan exigir que se refleje la deuda que tiene contraí­da la Administración con ellos”.

Para la PMcM, “el mecanismo del Gobierno puede ser una fórmula efectiva, pues esta vez será el Estado quien avalará la financiación, pero solicitamos que los criterios y procesos de pago sean justos, transparentes y no perversos”, sentencia.

Datos de morosidad

Según estimaciones de la PMcM de 2010, el volumen de deuda del sector público a proveedores fue de 48.000 millones de euros, de los que unos 18.000 se refieren a CC.AA. y unos 30.000 a ayuntamientos. 

El último informe de la PMcM señala que el plazo medio de pago a proveedores en España aumentó en 2011 en cinco dí­as con respecto al año anterior, tanto por parte de las Administraciones Públicas como del sector privado, situándose en 162 y 98 dí­as, respectivamente.

Con estas cifras, España se encuentra en el tercer puesto en la UE con plazos de pago más dilatados, por detrás solo de Grecia y de Italia, según un estudio europeo comparativo de la PMcM. Si se comparan los plazos de pago de nuestro paí­s con los del norte de Europa, concretamente con Dinamarca, los españoles los multiplica por cinco.

Desde que se inició la crisis, la PMcM estima que de unas 500.000 empresas que han desaparecido (200.000 pymes y 300.000 autónomos), un tercio ha sido debido a la morosidad.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Nombre: Sergio Flecha
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